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Chaco: apelaron a la medida cautelar que suspende los abortos voluntarios

El recurso fue presentado por la asociación civil Unidos por la Diversidad que se presentó como “tercero voluntario” ante el Juzgado Civil y Comercial N° 19 que había dejado sin efecto la Ley 27.610 (de Interrupción Voluntaria del Embarazo) en Chaco, por la medida cautelar de la jueza Marta Aucar de Trotti.  

Fue la asociación civil Unidos por la Diversidad que se presentó como “tercero voluntario” ante el Juzgado Civil y Comercial N° 19 que había dejado sin efecto la Ley 27.610 (de Interrupción Voluntaria del Embarazo) en Chaco. La agrupación sostiene que dicho tribunal sería incompetente para dictar la sentencia, y planteó su revocatoria y/o revocatoria “in extremis” y la apelación a la medida cautelar de la jueza Marta Aucar de Trotti.

El presidente y la tesorera de Unidos por la Diversidad, Ricardo Maidana y Aída Cantero Sosa, con el patrocinio legal de los abogados José y Monserrat Sánchez, apelaron a la cautelar dictada la semana pasada por la jueza de Resistencia, Marta Beatriz Aucar de Trotti.

La sentencia ocasiona un "gravamen irreparable al colectivo que representamos", afirman las autoridades de la ONG Unidos por la Diversidad, entre los argumentos para solicitar que se los reconozca como “tercero voluntario”. Además, consideran que el fallo de la jueza Aucar de Trotti es “irracional” y está “basado en simples manifestaciones dogmáticas que carecen de sustento jurídico e importan una subversión del orden institucional”.

“En el sistema federal ningún juez puede declarar la inconstitucionalidad si no es en un caso concreto iniciado por quien tiene interés suficiente para legitimarlo; y ésta solo tiene efecto relativo, es decir que únicamente afecta a quienes han intervenido en el juicio”, precisa el memorial. En la misma línea, advierten que, en efecto, el fallo “carece del requisito de la existencia de caso y pretende producir un control de constitucionalidad en abstracto”.

Además, consideran que el Poder Judicial avanzó "indebidamente" sobre el Legislativo, al intentar que un tribunal de instancia inferior emitiera una “contra-ley” para regir a título cautelar hasta que se expidiera la Corte Suprema. Sostienen que ningún juez puede hacer caer la vigencia de una ley respecto a todos los ciudadanos alcanzados por ella, y “si no la tiene en la sentencia que decide el fondo de la cuestión, menos aún puede ejercerla cautelarmente”.

En el memorial, la ONG señaló que los actores de la medida cautelar no demostraron ni argumentaron que la legitimación "se sustentaba en la afectación a un bien colectivo", ni que "se encontraban en condiciones de asumir procesalmente la defensa de tales bienes colectivos”. Consideran también que imputaron "sin ningún argumento singular ni prueba especial, una afectación a un determinado colectivo de personas”. En cuanto a "un relato ficcional" de las denunciantes, afirman que se trata de “una invocación genérica, expuesta dogmáticamente” que luego la jueza Aucar de Trotti “recoge como verdad apodíctica”.

Fuente: Diario21.tv

 
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Última Actualización: 20/04 - 16:51 hs

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