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Denuncian por prevaricato a la jueza que suspendió la implementación del IVE en Chaco

La denuncia fue realizada por la ONG Católicas por el Derecho a Decidir objetando que "no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos".

La ONG Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) denunció este viernes por prevaricato a la jueza  Marta Aucar de Trotti,  que concedió una cautelar que suspende en la provincia de Chaco  la aplicación de la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Turno de la ciudad de Resistencia por la comisión de prevaricato, un delito que se configura cuando las resoluciones judiciales que dictan los jueces "no son fundadas en derecho o parten de hechos falsos", señaló un comunicado de la ONG.

"La presentación fue realizada en el marco de una estrategia jurídica amplia que construimos entre aliadxs", dijeron las integrantes de CDD.

Asimismo explicaron que:  "Advertimos que la jueza Aucar no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos", señaló la ONG.
"Se atribuye conocimiento en materia federal y desconoce la normativa nacional e internacional", agregó el comunicado, en el que también se caracteriza a la magistrada como "una reconocida militante antiderechos".

La jueza Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 19 de la primera circunscripción de la provincia del Chaco, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 27.610  en todo el territorio de esa provincia tras una medida cautelar presentada por activistas contrarios al derecho al aborto.

El documento completo de la ONG Católicas por el derecho a decidir

Desde católicas por el Derecho a Decidir presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Turno de la ciudad de Resistencia, Chaco, contra la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti por la comisión de prevaricato, un delito que se configura cuando las resoluciones judiciales que dictan los jueces no son fundadas en derecho o parten de hechos falsos. La presentación fue realizada en el marco de una estrategia jurídica amplia que construimos entre aliados.

 En este caso, la Dra. Aucar -a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 19 de la primera circunscripción de la provincia del Chaco- dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 27.610 (de Interrupción Voluntaria del Embarazo) en todo el territorio de esa provincia tras una medida cautelar presentada en su despacho.

 Advertimos que la jueza Aucar no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos. Se atribuye conocimiento en materia federal y desconoce la normativa nacional e internacional.

 
Cabe mencionar también que la jueza Aucar es una reconocida militante antiderechos, así como su esposo, Ernesto Trotti, quien formaba parte de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de la capital chaqueña.

 La situación que plantea la jueza Aucar es de gravedad institucional para la provincia de Chaco; dado que es el Poder Legislativo quien dicta normas erga omnes -es decir, para todos por lo cual, el planteo llegaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que incluso podrían no compartirla.

Además, deja a las mujeres y personas gestantes chaqueñas en situación de ciudadanas de segunda respecto de sus con-ciudadanas en el país, en tanto no pueden acceder al derecho adquirido de interrumpir el embarazo voluntariamente hasta la semana 14 inclusive en su propia provincia, como lo dispone la ley 27.610.

 Nosotras estamos organizadas y alertas. Nuestro derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo ya está en vigencia y no vamos a tolerar ninguna acción que intente obstaculizar el acceso. ¡Aborto es ley!

 
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Última Actualización: 19/04 - 21:51 hs

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