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Acusan al financista K Ernesto Clarens de lavado de dinero y piden su indagatoria

Era dueño de Invernes, una de las firmas que absorbió el empresario K a través del Grupo Austral, que recibió 52 contratos por $ 46.000 millones.

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El fiscal Gerardo Pollicita pidió que el financista Ernesto Clarens, Sergio, Fausto y Fabiana Gotti, entre otros imputados, sean llamados a indagatoria bajo el convencimiento de que utilizaron una estructura societaria y financiera para el lavado de activos por más de U$S 160 millones.

El pedido se presentó ante el juez Julián Ercolini en una causa conexa a la corrupción en la obra pública donde Cristina Kirchner y Lázaro Báez están procesados por asociación ilícita y fraude al Estado.

La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita avanzó en la investigación sobre el movimiento de fondos de Ernesto Clarens, el financista que supo ser dueño de Invernes SA firma que tuvo autorización para el cobro de certificaciones de obra que provenían del Estado a nombre de Gotti SA. Estas firmas fueron absorbidas por Lázaro Báez a través del Grupo Austral, el holding al que Cristina Kirchner -según el procesamiento del juez Ercolini-, favoreció con 52 contratos viales por $ 46.000 millones.

Dichas contrataciones fueron adjudicadas bajo “una gran cantidad de irregularidades administrativas” que expusieron “el direccionamiento a favor del Grupo Báez”. Los agravantes en la maniobra fueron las obras inconclusas, los sobreprecios del 65% promedio que se abonaron sobre las licitaciones y las omisiones en los controles sobre las empresas del holding, entre las más relevantes.

De esta investigación se desprende una ruta de dinero millonaria que busca reconstruir el fiscal Pollicita. “Se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Báez y Ernesto Clarens —con la colaboración de una gran cantidad de individuos—”, expresa el dictamen.

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¿En qué consistió la operatoria?

Según la investigación, se realizaron un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los “fondos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública”, el cálculo inicial arroja $ 502 millones, “equivalentes a U$S 160 millones aproximadamente, a la cotización oficial de entonces—”.

Lo que se puso en marcha fue un “mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento”.

Como toda maniobra de lavado de dinero, requiere de un delito precedente. En este caso, se determinó que como en otras investigaciones por blanqueo que involucran a Lázaro Báez, a la familia Kirchner y a parte de su entorno, el origen de los fondos que se aplicaron a dichas operaciones es el otorgamiento de obra pública vial.

Vinculada a esta causa principal, Pollicita determinó que en claro “detrimento del erario público”, la hipótesis que se investiga en estos actuados consiste en la maniobra criminal implementada entre los años 2005 y 2009 “por medio de la cual se llevó adelante un mecanismo de reciclaje de una parte importante de ese dinero a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolo de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional”.

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El esquema para la “implementación de una maniobra de lavado de activos” fue parte, para la Fiscalía, de la “organización criminal que defraudó coordinada y sistemáticamente al Estado Nacional buscó dar ropaje de licitud —bajo una maquinaria permanente de ficción de costos inexistentes— a una porción importante del beneficio económico obtenido por dicho delito”.

Así, Báez y Clarens -este último aceptado como “arrepentido” en la causa de los cuadernos de las coimas-, junto a un grupo de colaboradores, “desarrollaron un complejo mecanismo de reciclaje de activos”. Lo que hacían era realizar sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a otorgar ropaje de licitud a $ 502 millones”.

Es decir: fingían gastos y servicios entre empresas vinculadas entre sí que, según especificó Pollicita, no se realizaron efectivamente. Esta estructura en menos de cuatro años puso en circulación U$S 160 millones a la cotización oficial de entonces, como si fuera dinero lícito.

Dicho dinero fueron finalmente convertidos en dinero en efectivo, “impidiendo definitivamente su trazabilidad”. Esto se consiguió “gracias a un notorio apartamiento de los recaudos y normativa previstos para la registración contable, el uso de cheques y el manejo de dinero en efectivo, por parte de los individuos que intervinieron en cada una de las etapas”, señala el dictamen.

Para la fiscalía el contexto -la adjudicación de obras viales para Santa Cruz-, constituyó el “marco propicio e idóneo para garantizar la impunidad de los imputados”. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, todos los involucrados tenían “conocimiento del origen ilícito de los bienes” y tuvieron “plena voluntad de darles esa apariencia de licitud”, algo que se concluyó durante la investigación a raíz de la “convergencia de múltiples indicios —graves, precisos y concordantes— que revelaban la ilegitimidad de los fondos sometidos a este proceso de reciclaje”.

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Tres etapas de la maniobra

Fueron al menos tres etapas las que constituyeron toda la operatoria que pone nuevamente, a Ernesto Clarens y a Lázaro Báez bajo investigación.

1) La canalización de los fondos hacia la empresa GOTTI y la interposición de INVERNES en su manejo financiero. Se estimó que en este punto se movieron $790.256.010 desde AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA a GOTTI SA. “Lo que permitió a la primer empresa desviar a la segunda poco más de un cuarto de sus ingresos, convirtiéndola en la sociedad puente de la maniobra; todo ello con el doble objeto de, por un lado, alejarlos de su origen ilícito y de la mayor exposición pública de aquélla empresa y, por otra parte, asegurarse la interposición en la maniobra de la empresa INVERNES, controlada por el financista Ernesto CLARENS.

2) La salida contable del dinero hacia afuera del GRUPO BÁEZ por medio de erogaciones imputadas a servicios inexistentes: Ante una operatoria “de ficción de costos inexistentes en las obras públicas”, el desvío de los fondos sustraídos al Estado Nacional de AUSTRAL CONSTRUCCIONES hacia GOTTI permitía no sólo alejar ese dinero, en apariencia, de Lázaro BÁEZ, sino que a la vez era de gran utilidad para disimular con mayor eficacia dichos “costos” —reflejados en facturas apócrifas— entre los millones de pesos de gastos reales que GOTTI afrontaba para la realización de las obras.

3) La negociación de los cheques en financieras y su conversión en efectivo, impidiendo su trazabilidad. Los respectivos cheques que estarían destinados a cancelar esas facturas apócrifas no serían girados ni contra AUSTRAL CONSTRUCCIONES —principal receptora de los fondos públicos sustraídos— ni contra cuentas de GOTTI, sino contra las cuentas de INVERNES, una sociedad anónima porteña dedicada a actividades financieras, sin relación visible con el fraude al Estado, sobre la cual no recaía —por entonces— sospecha alguna.

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El rol del financista K

El fiscal determinó que la empresa GOTTI fue escogida por los “conductores de esta maniobra criminal —Lázaro Antonio BÁEZ y Ernesto CLARENS— como la columna vertebral de la operatoria, para constituirla como la sociedad puente “entre la verdadera usuaria de la facturación apócrifa —AUSTRAL CONSTRUCCIONES— y los “proveedores”; ello en función de que se encontraba menos expuesta que ACSA, no se la relacionaba directamente con Lázaro BÁEZ, era más fácil esconder entre sus gastos los correspondientes a servicios inexistentes”.

Por otro lado, se determinó que tenía intervenida su administración por INVERNES, lo que le permitiría a CLARENS no sólo el control de la totalidad del dinero que ingresara y saliera, sino también que “los pagos por los servicios falsos no figuraran a nombre del “comprador” —GOTTI— sino de un tercero —INVERNES—”.

 
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